El titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, y el presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, festejaron la decisión de inscribir a la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), acción determinada a través de la resolución 210/2025, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich (sólo falta el tecnicismo de que Cancillería refrende el texto para que la disposición se concrete).
“Era imprescindible e impostergable”, sostuvo Avruj, mientras que Larsen habló de “un hito en la defensa de nuestra soberanía”.
“Aquellos que incendian, usurpan tierras o atacan nuestros recursos naturales enfrentarán penas severas y no excarcelables”, aseguró el presidente de Parques Nacionales, para luego afirmar: “En el Gobierno de Javier Milei, la Justicia ya no perdona a los terroristas del fuego”.
“Incendiarios y usurpadores se van a pudrir en la cárcel”, manifestó Larsen, quien recientemente acuñó la expresión “golpistas del fuego”, la cual volvió a utilizar el sábado, en un posteo en su cuenta de X, junto a una foto del líder de la RAM, Facundo Jones Huala, y un enlace a un editorial del diario La Nación titulado, precisamente, con aquellas palabras: “Golpistas del fuego”, apoyando la medida gubernamental.
La autora de la resolución, Patricia Bullrich, al anunciar la acción, también por la red social que antes se denominaba Twitter, refiriéndose a la RAM, había sostenido: “Este grupo pseudomapuche atacó nuestra soberanía, prendiendo fuego nuestros bosques y aterrorizado a nuestros ciudadanos”.
En un anexo que acompaña a la resolución que lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, se incluye un segmento denominado “perfil de la agrupación”, en el que se define a la RAM como “un movimiento etno-nacionalista violento que opera en territorio argentino desde hace más de quince años. Su accionar se concentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. No obstante, se han registrado hechos en otros lugares del país y mantiene estrechos vínculos con la organización que opera en territorio chileno denominada Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”.
“Los activistas de la RAM cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas”, señala el texto donde se dice que el accionar de esa agrupación busca “promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra. La organización desconoce la soberanía del Estado argentino y proclama que la República Argentina y sus leyes son ilegítimas”.
“En las acciones violentas de la RAM se distinguen algunos patrones. Sus integrantes suelen actuar en zonas alejadas a los centros urbanos, aunque no siempre, actúan encapuchados, cometen robos, incendios, ataques con armas y asumen la autoridad territorial –detienen a personas en las rutas, secuestran ciudadanos, les aplican castigos y torturas si no obedecen sus reglas, etcétera–. Para el ejercicio de la violencia se valen fundamentalmente de armas de fabricación casera: hondas, armas blancas, bombas molotov e, incluso, armas de fuego”, señala uno de los párrafos.
Asimismo, se vincula a la agrupación con lo que sucede en estos momentos en la Patagonia: “Recientemente, han provocado y continúan provocando en la Argentina una catástrofe ecológica mediante el incendio de decenas de miles de hectáreas de bosques milenarios cuya recuperación resultará imposible por un número incalculable de generaciones. Así lo hicieron en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde iniciaron y propagaron el fuego mediante la utilización de combustibles y aceleradores de las llamas en diversos focos al mismo tiempo, de modo que resulte imposible la tarea de sofocamiento de los incendios. Muchas personas han perdido sus casas e incluso, algunas murieron”.
“Estas acciones criminales replican las que llevaron a cabo en la República de Chile, donde incendiaron numerosas viviendas y templos, tanto de la Iglesia Católica como de las comunidades evangélicas”, se lee en el anexo de la resolución, donde también se expone: “Recientemente se han encontrado en allanamientos y detenciones practicados por orden de la Justicia, además de los combustibles y propulsores del fuego, armas largas, equipos de comunicación por radiofrecuencia, computadoras, pendrives, municiones, etcétera. La principal fuente de identificación son los volantes impresos, manuscritos o flyers, los cuales son dejados en los lugares donde cometen los ilícitos a modo de reivindicación de la autoría o bien los difunden a través de comunicados en páginas web”.
“También cortan rutas e interrumpen el suministro del servicio eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no permiten la libre circulación, balean, incluso matan”, asegura el texto, que incluye un párrafo centralizado en Facundo Jones Huala, sobre quien se apunta: “Ha sido la ‘cara visible’ de la RAM, siendo condenado por la justicia chilena por cometer delitos en este territorio integrando organizaciones radicalizadas”.
Cabe indicar que Jones Huala, el 2 de febrero, presentó en Bariloche un libro titulado “Entre rejas, antipoesía incendiaria”, en una biblioteca popular, acto que fue grabado y luego propagado por las redes.
En aquella jornada, reivindicó lo que denominó como “atentados incendiarios y sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes”, pero se desmarcó del fuego que acomete a la zona de El Bolsón.
Sin embargo, en el anexo de la resolución firmada por Bullrich, refiriéndose a Jones Huala y vinculándolo con los incendios actuales, se expresa: “Ha anunciado, a través de videoconferencias que fueron ampliamente difundidas, que la Patagonia iba a arder; y la Patagonia ardió por obra de las acciones criminales de sus seguidores”.
Fuente: El Cordillerano
