El Gobierno Nacional cerró más de diez programas sociales de la Secretaría de la Niñez

Esta decisión de achicamiento del Ministerio de Capital Humano afecta a quinientos trabajadores, y debilita los espacios de contención y desarrollo para los menores en situación de vulnerabilidad..

El Ministerio de Capital Humano nacional, a cargo de Sandra Pettovello, ha decidido disolver 11 programas que dependían de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, en un proceso de achicamiento que desafectará a aproximadamente 500 trabajadores del sector.

Como en medidas anteriores, el gobierno de Javier Milei argumentó que esta última decisión busca «lograr una gestión y administración eficiente de los recursos». La disposición fue oficializada mediante la publicación de diversas resoluciones en el Boletín Oficial.

La decisión, que incluye el pase a disponibilidad de los empleados afectados, se basa en lo dispuesto por el artículo 11 del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, que establece que los trabajadores impactados por este tipo de medidas quedarán en una situación de «disponibilidad» por un máximo de 12 meses.

A la vez, se dejó sin efecto la norma que organiza el funcionamiento de las sedes denominadas Centros de Referencias. Estos espacios son locales de gestión que funcionan como delegaciones del Ministerio en municipios y provincias, donde profesionales brindaban asesoramiento para facilitar el acceso a distintos programas y servicios, realizaban talleres gratuitos de capacitación e impulsaban estrategias de desarrollo local, junto con organizaciones sociales.

Otro de los programas eliminados fue el Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos, cuyo objetivo era garantizar el desarrollo pleno de los niños y adolescentes como sujetos de derechos, promoviendo su integración familiar y comunitaria.

Además, se dio por terminado el funcionamiento de diversos espacios de contención y promoción, como Espacio Unzué, Espacio Sarmiento, Espacio Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti, que trabajaban en la convivencia familiar y fortalecimiento del sistema de protección de derechos de los menores.

Cierre de programas educativos y recreativos
El Ministerio también cerró el Programa Nacional de Derecho al Juego (Jugar), que buscaba garantizar el derecho al juego de niños y adolescentes de entre 0 a 17 años. Asimismo, se eliminó el Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias, que tenía como fin asegurar el acceso de los menores a actividades recreativas y de esparcimiento.

Otra de las medidas destacadas fue el cierre de la Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos, señalando la redundancia de funciones en varias entidades y programas que generaban un uso ineficiente de los recursos públicos.

Cierre de servicios especializados
El Departamento de Salud Integral, que brindaba asistencia directa a niños y adolescentes en institutos de la Secretaría de Niñez, también fue cerrado. La cartera que dirige Sandra Pettovello justificó esta decisión en la necesidad de racionalizar los recursos y evitar duplicaciones de funciones.

La decisión de reestructurar estos programas forma parte de un proceso de achicamiento del Ministerio de Capital Humano y de posible pérdida de espacios de contención y desarrollo para los menores más necesitados.

Por último, el Ministerio de Capital Humano terminó con el Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad, que brindaba contención a menores de edad cuyos padres se encontraban en prisión o arresto domiciliario. También fue cerrado el Programa Línea Activar, que abordaba la participación y autonomía de los adolescentes, así como el Consejo Consultivo de Adolescentes y el Programa Nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes.

Achicamiento
El cierre de estos programas ha generado diversas reacciones, tanto a favor como en contra. Mientras algunos celebran la búsqueda de una administración más eficiente de los recursos públicos, otros cuestionan el impacto que esta medida tendrá en los sectores más vulnerables, especialmente en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Fuente: La Gaceta

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