Por Nahuel Lag
Mientras el fuego dejó 80.000 hectáreas arrasadas en Córdoba en los últimos tres meses y las topadoras avanzaron con el desmonte de 60.000 hectáreas de bosque nativo en el primer semestre, el gobierno de Javier Milei cumplió con el permiso otorgado por el Congreso con la aprobación de la Ley Bases y disolvió a través del decreto 888/2024 el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque). La medida implica —tal como medio centenar de organizaciones ambientales lo advirtieron durante el debate parlamentario— la derogación tácita de un capítulo completo de la Ley de Bosques, señalado en la normativa como el “espíritu y unidad de esta ley” y el primer paso para su desfinanciamiento.
El Fondo Fiduciario ordenaba el sistema de incentivos públicos y privados para la preservación de bosque nativo en cada provincia. La decisión, en aras del déficit fiscal cero, genera más opacidad en los escasos fondos destinados para la ley en el Presupuesto 2025, que representa solo el 0,0077 por ciento del total. Y abre la puerta a demandas locales e internacionales por el incumplimiento con los acuerdos sobre cambio climático. También podría abrir un frente de conflicto con las políticas de la Unión Europea para poner fin a las exportaciones de productos provenientes de zonas deforestadas.
“Este decreto implica que la Argentina se quede sin herramientas para compensar a las provincias y a aquellos privados que hacen un esfuerzo para mantener los bosques nativos en pie, poniendo en altísimo riesgo a la biodiversidad y a los medios y modos de vida de las personas que habitan y dependen de estos ecosistemas”, sostuvo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) tras conocerse el decreto 888/2024 y exigió que la Casa Rosada retrotraiga la medida.
Por su parte, Pablo Fernández Barrios, abogado e integrante del colectivo Somos Monte Chaco, subrayó a Tierra Viva que el sentido de la creación del fondo era asegurar el uso exclusivo de ese dinero destinado a la conservación de bosques, mientras que con su eliminación va a “ser destinada a otros objetivos o a formar parte de la política de ajuste de este Gobierno”. Además, Fernández Barrios consideró la medida como “regresiva e inconstitucional”.
“Es fundamental que el uso de los fondos asignados a la Ley de Bosques estén para el control de la deforestación ilegal y los incendios forestales. El 30 por ciento iba para el fortalecimiento institucional, o sea, que las provincias lo usaban para más personal, más capacidad técnica, imágenes satelitales, sobrevuelos y recorridas en terrenos. Antes de la Ley de Bosques, las provincias tenían veinte veces menos presupuesto para sus direcciones provinciales”, advirtió a esta agencia Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Control de uso de fondos que ahora será totalmente opaco y discrecional en manos del Poder Ejecutivo. “La eliminación del fideicomiso es el primer paso para desfinanciar la Ley de Bosques”, sentenció.
Ley Bases e incumplimiento de la Ley de Bosques: todos contra el monte nativo
El artículo 5 de la Ley Bases (27.742) es la que el Congreso aprobó y habilitó a Milei a “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”, según su criterio de ser “el topo que destruye el Estado desde adentro”. Ese artículo es el primero que aparece citado para sostener el decreto 888/2024, que además del Fobosque, elimina otros dos: el Fondo Progresar y el Fondo Nacional de Emergencias.
De acuerdo al artículo 30 de la Ley de Bosques, el fondo tenía el objetivo de “compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan” y debía financiarse, principalmente, con lo asignado en el Presupuesto Nacional para el cumplimiento de la norma, lo que no podría ser inferior al 0,3 por ciento del presupuesto total; y también con el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, principal sector responsable del desmonte.
De ese presupuesto, según la normativa, el 70 por ciento debe ser para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos y el 30 por ciento para la autoridad de aplicación provincial para desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos. También contemplaba la implementación de programas de asistencia técnica y financiera. El objetivo de la creación del fondo, en 2018, tuvo como objetivo transparentar el destino de los fondos de la Ley de Bosque, que ahora volverán a ser de uso discrecional del Poder Ejecutivo.
En los considerandos del decreto que elimina el fondo, el Gobierno se vale del incumplimiento de la normativa. Apunta, por un lado, que las partidas asignadas por ley no se cumplieron en los últimos tres presupuestos presentados por el Frente de Todos. Y, por otra parte, cita un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para cargar la responsabilidad en las provincias.
Citando el informe de la Sigen, el decreto sostiene que se detectaron incumplimientos como “deficiencias en los registros utilizados que dificultan el seguimiento de las actuaciones y falencias que afectan a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN)” y “un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, junto con la inexistencia de informes de gestión, estadísticas e indicadores”.
“Las deficiencias de las autoridades provinciales no pueden ser excusa para eliminar herramientas que facilitan cumplir una ley. En todo caso, esto debería dar lugar a mejorar los sistemas de administración e implementación del fondo. Y, si se verifican, efectuar las denuncias correspondientes por la malversación de los fondos públicos que se alegan en los fundamentos”, apuntó FARN.
Y Giardini completó: “Se corre el riesgo de que las provincias, al ver que el financiamiento de la Ley de Bosques, empiecen también a mermar la aplicación de la ley. En la actualidad, el 80 por ciento de los bosques están calificados, bajo la norma, como zonas donde no se permite el desmonte. Además de no permitirse en zonas de comunidades campesinas e indígenas. Con la excusa de no tener fondos, las provincias podrían no aplicarla con rigor”.
Desde la organización Somos Monte de Chaco conocen de cerca lo que ocurre en las provincias con la aplicación de la Ley de Bosques. Chaco modificó su normativa este año entre gallos y medianoche, lo que provocó una demanda judicial en curso por daño ambiental y conflicto de intereses. En ese marco, el abogado Fernández Barrios abre el paraguas sobre la ilegalidad de la medida dispuesta por el Gobierno vía decreto.
“Es una medida de carácter regresiva e inconstitucional. Es inconstitucional porque de forma directa e indirecta afecta los derechos humanos vinculados al medio ambiente. Esos derechos están signados por el principio de no regresividad y al despojar de su objeto a esa masa de recursos es claro que no va a haber una política financiada para la conservación de monte nativo”, sostuvo Fernández Barrios e insiste a su “ilegalidad” por no cumplir con el 0,3 por ciento asignado por ley.
El abandono de los bosques nativos en cifras
En cifras, como bien sigue FARN en su “Monitor Ambiental de Presupuesto”, el Gobierno ya había comenzado a vaciar la política de desfinanciamiento desde su llegada a la Casa Rosada. En marzo de este año, el Fobosque tenía presupuestado fondos 18 veces menores, que el 0,3 por ciento ordenado por ley. Se trataba de 9.000 millones de pesos que ni siquiera fueron ejecutados.
La expectativa no mejoraba para 2025. El Presupuesto del próximo año —que el Presidente presentó en un show nocturno en el Congreso el domingo 15 de septiembre y que el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que no concurrirá a debatir ante las cámaras de Diputados y Senadores—, según FARN, tenía destinado para el fondo casi 40 veces menos de lo que corresponde.
El presupuesto mínimo para la protección de bosques nativos lejos de representar el 0,3 por ciento indicado por ley, tiene otorgados apenas un 0,0077 por ciento del presupuesto 2025, denunció FARN. Según indicó Greenpeace el presupuesto asignado es de 9.000 millones de pesos para el extinto Fobosque y solo 900 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, que depende del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“La disolución del fondo no deja ningún otro valor agregado en términos de transparencia y rendición de cuentas, aspectos muy alegados en estos días por el gobierno nacional, y simplemente busca recortar otro fondo para cumplir con la baja del déficit fiscal. Esto va en detrimento, claro está, de la protección de los bosques nativos”, resaltó FARN.
“La situación es más grave aún teniendo en cuenta que más de la mitad de los desmontes son ilegales, por lo cual venimos reclamando desde hace años que los desmontes sean considerados un delito penal”, indicó el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En paralelo, con las cenizas sobre los bosques de Córdoba, el Gobierno también viene desfinanciando las políticas de Manejo del Fuego. Los fondos asignados al Sistema Federal de Manejo del Fuego en el Presupuesto 2025 representan menos del 0,025 por ciento del total del presupuesto público, informó FARN, a lo que se agrega la reducción de las horas de vuelo para el manejo de los aviones hidrantes; claves en zonas alejadas de los cascos urbanos o de difícil acceso por vía terrestre.
Hasta marzo de este año, el Ejecutivo no había ejecutado ni un solo peso de los 12.000 millones que tiene asignado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Los fondos destinados eran solo un un 0,01 por ciento de lo erogado en pago de servicio de la deuda.
El negacionismo también es desmonte
Es claro que la intención de la gestión de Javier Milei de preservar los bosques nativos, enmarcada en la adhesión de la Argentina en el Acuerdo de París, está lejos de ser una política de Estado, a pesar de que la creación del fondo eliminado haya estado fundada en esos objetivos y permanezcan vigente las leyes votadas por el Congreso.
El Presidente cree, según lo dijo en declaraciones públicas, que “la culpa del ser humano por el cambio del clima es falsa». Y, días atrás, en su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, rechazó la incorporación del país al Pacto Futuro, que tiene entre sus puntos principales la ratificación de los acuerdos globales para combatir el cambio climático.
En sus primeros seis meses de gobierno, se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país, según un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales. Entre enero y junio, el desmonte avanzó en Chaco (27.148 hectáreas), Santiago del Estero (21.047 ha), Formosa (7.162 ha) y Salta (4.200 ha). “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad”, denunció entonces Giardini.
La relación establecida, en los propios considerandos del Decreto 888/2024, entre el Fobosque y los objetivos del Acuerdo de París, también puede haber un punto de conflictividad para el país. “Al indicar el vínculo existente entre crisis climática y deforestación, la sustracción de la masa de fondos destinados a la conservación dificulta la posibilidad de alcanzar algunos de los objetivos que el Estado argentino asumió al firmar el Acuerdo de París”, advierte Barrios Fernández.
El comunicado de FARN coincide en que “la medida va en contramano de compromisos internacionales climáticos y de biodiversidad asumidos por nuestro país” y agrega la perspectiva de “las tendencias globales que buscan resguardar que los productos agropecuarios no se vinculen con la deforestación”. En ese punto, se encuentra la reglamentación 1115 de la Unión Europea, que cierra la puerta a las importaciones de productos provenientes de zonas recientemente deforestadas. La normativa entraba en vigencia en 2025 y, por presión del agronegocio, se demoró al 1 de enero de 2026.
Desde FARN denunciaron que “la eliminación del Fobosque significa un grave retroceso en el cumplimiento de la Ley 26.331 y colisiona de lleno con el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú. Esto se ve agravado por la posibilidad de perder los fondos que quedaron remanentes de los años anteriores”.
Fuente: Agencia Tierra Viva
