La tensión entre el sistema universitario público y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro nacional de 48 horas que dará comienzo el miércoles 26 y se extenderá hasta el jueves 27 de junio, jornada que incluye movilización. El gremio y los trabajadores protestan contra las políticas de ajuste impulsadas por Javier Milei y en reclamo de una ley de financiamiento que garantice el funcionamiento de las casas de estudio.
La protesta se enmarca en el creciente malestar por el recorte presupuestario y la falta de actualización salarial. Pero también tiene un objetivo político clave: presionar al Congreso para que apruebe el próximo 2 de julio una ley que proteja al sistema universitario de la discrecionalidad del Ejecutivo nacional, fijando metas de inversión sostenidas a largo plazo.
Desde CONADU anunciaron una reedición de la histórica Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, que colmó la Plaza de Mayo. “¡Prendete a defender la universidad pública!”, reza la consigna de la convocatoria que anuncia actos y movilizaciones en las distintas universidades del país para el próximo jueves 26 de junio.
El reclamo de la CONADU
En un comunicado anunciando la medida de fuerza por 48 horas, la CONADU detalló que exige el tratamiento en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario. “Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino”, aseguran en el documento.
“Convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad“, finaliza el comunicado de CONADU.
Qué propone la ley de financiamiento que se debatirá en el Congreso
La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que brindarán una conferencia de prensa este lunes 23 a las 11 de la mañana en la sede central del CIN.
Entre sus puntos principales, el proyecto de ley propone:
Fijar una meta de inversión universitaria equivalente al 1,5% del PBI para 2031, con aumentos progresivos desde 2026.
Transferencias mensuales automáticas al programa de Desarrollo de la Educación Superior, calculadas en base a los fondos coparticipables nacionales (sin afectar lo que reciben las provincias).
Paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados al índice de inflación.
Recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.
Actualización automática de los gastos operativos de las universidades por Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Un fondo de $10.000 millones anuales para carreras estratégicas (como inteligencia artificial), becas estudiantiles, infraestructura, investigación y programas de bienestar.
Se abre un nuevo capítulo entre el Congreso y Milei: el financiamiento universitario
La discusión por la nueva ley de financiamiento universitario promete reavivar el enfrentamiento entre el Congreso y el Gobierno nacional. El proyecto, impulsado por sectores de la oposición y respaldado por el sistema universitario, se tratará el próximo 2 de julio en la Cámara de Diputados y propone un esquema de inversión que el oficialismo rechaza por su impacto fiscal.
La iniciativa establece que el financiamiento de las universidades públicas dejará de estar sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, fijando por ley una inversión del 1,5% del Producto Interno Bruto (PBI) para 2031, con aumentos progresivos desde 2026. Además, contempla paritarias trimestrales con ajustes salariales mensuales por inflación y la actualización automática de los gastos operativos por IPC.
Para el oficialismo, que ya manifestó su desacuerdo con la propuesta, se trata de una medida inviable desde el punto de vista presupuestario. Sin embargo, en la oposición aseguran que el proyecto busca “proteger la educación superior como política de Estado” y evitar nuevas crisis presupuestarias como la que atraviesan actualmente las universidades.
Por qué el conflicto vuelve a crecer
Desde las federaciones docentes advierten que, sin un marco legal que blinde el presupuesto universitario, el sistema público queda a merced de la voluntad del Gobierno nacional. En los primeros seis meses de la gestión de Milei, las universidades recibieron partidas congeladas, sin actualización por inflación, y las negociaciones salariales están estancadas.
El reclamo por una ley no es nuevo, pero cobró fuerza después de la masiva movilización de abril y ante el temor de que el oficialismo frene la discusión en el Congreso. Por eso, el paro de esta semana será, también, una advertencia política a los legisladores que aún no definieron su voto.
La comunidad universitaria insiste en que la educación superior gratuita no puede depender del humor del Gobierno de turno. Con una nueva Marcha Federal Universitaria confirmada, la presión en la calle vuelve a ser la principal herramienta para defender el financiamiento del sistema público.
Fuente: InfoCielo
